Somos personas relacionadas al quehacer musical y artístico nacional, que ante la indefensión que vivimos por la grave situación de inseguridad y violencia, nos vemos en la necesidad de dirigirnos a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para transmitir nuestra gran preocupación y hacer una serie de peticiones y propuestas.

La grave situación que hoy agobia a todos y todas quienes vivimos en Venezuela requiere del compromiso de cada ciudadano, pero sobre todo requiere de una actuación eficaz y contundente del Estado, quien es el encargado de administrar los recursos públicos, gerenciar instituciones y establecer legislación y ante todo, es quien tiene la enorme responsabilidad, a través de sus Poderes Públicos, de garantizar los derechos fundamentales de la persona, siendo el más preciado el derecho a la vida. Ésta responsabilidad debe ser honrada.

La comunidad musical y artística se ha visto conmocionada por sucesos en los que algunos de sus miembros han sido víctimas de robo, secuestro y asesinato, lo que ha despertado la conciencia en nuestros gremios sobre la importancia de tomar iniciativas colectivas para contribuir en la lucha contra la violencia e inseguridad que afecta al país. Estos sucesos se han convertido en motor para que muchos reaccionemos y no nos quedemos observando pasivamente tanto dolor en la población, ya que lamentablemente estos hechos son apenas una mínima expresión de la magnitud de las secuelas de la violencia en Venezuela. Es por esto que, aunque esta petición está suscrita básicamente por ciudadanos de los sectores musical y artístico, representa también el sentimiento de muchos venezolanos.

El derecho a la vida es inviolable según el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , y es el Estado, representado en todas sus instituciones, así como en el gobierno Nacional, los gobiernos Estatales y Municipales, quien debe velar por el cabal cumplimiento de ese derecho. Todas las personas tenemos el derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana, consagrado claramente en el artículo 55 de la Constitución.

Los ciudadanos nos sentimos impotentes frente a una situación que nos rebasa y exigimos una acción urgente y efectiva por parte del Estado para revertir de forma drástica y definitiva la situación de violencia e inseguridad que arropa al país día tras día.

Por todo lo descrito y amparados en los artículos 51 y 62 de la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, solicitamos con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional, como órgano legislativo nacional con funciones de control sobre el gobierno y la administración, que representa a todos los ciudadanos:

 1.   Que inste a los Poderes Ejecutivo (Nacional, Regional y Municipal), Judicial y Ciudadano a que de una manera clara, eficaz y contundente enfrenten, dentro de los principios de un Estado de Derecho, la ola de criminalidad de la cual somos víctimas los ciudadanos y se tomen todas las medidas necesarias para acabar con la impunidad, siendo esta una de las principales causas del auge delictivo en Venezuela.

2.   Que a través de las comisiones que considere pertinentes inicie investigaciones sobre el estado desbordado de violencia que vivimos hoy y sobre  las posibles omisiones de las autoridades o funcionarios competentes en el área.

3.   Que ejerza su poder contralor para garantizar a los ciudadanos que el Plan de Desarme se lleve a cabo con absoluta transparencia y sea una realidad en el más corto plazo.

4.   Que inste al Poder Ejecutivo Nacional para que haga una inversión urgente en iluminación en las calles. Observamos que hay enormes zonas de las ciudades que permanecen bajo una oscuridad total, caldo de cultivo básico para la delincuencia.

5.   Que inste al Poder Ejecutivo Nacional a que no compre más armas de guerra, canalizando esos recursos en acciones y planes que estén dirigidos a la lucha contra la inseguridad en nuestro país y a fomentar una educación policial que centre al ciudadano como sujeto de derechos.

6.   Que exhorte a todos a fomentar un lenguaje de paz y de altura en los debates políticos, marcando la pauta de lo que puede ser el tratamiento constructivo de las diferencias.

7.   Que inste al Ejecutivo Nacional a convocar a diversos sectores políticos y sociales y a gobernadores y alcaldes para elaborar un Plan Nacional por la Seguridad Ciudadana y la no violencia con metas de corto, mediano y largo plazo.

A los 25 días del mes de abril de 2012

 FIRMA                    CÉDULA DE IDENTIDAD                        OCUPACIÓN

  

 ·   CRBV. Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.

·   Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

·   CRBV. Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.

·   CRBV. Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.